EL PAPEL DEL ESTADO EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

El Estado tiene un rol más complejo y amplio del debatido generalmente entre los promotores de la Responsabilidad Social. El debate suele limitarse a dos extremos: muchos mantienen la tesis de que todos los aspectos de la Responsabilidad Social son voluntad de la empresa, otros en cambio, consideran que debería haber un marco legal en Responsabilidad Social. En general, el accionar del Estado se debe apartar de las líneas ideológicas (prejuicios y dogmas) de los gobiernos de turno o de las presiones e intereses de algunos grupos. El Estado, considero, juega un papel múltiple en la generación de una cultura responsable, ya que tiene varios roles. No comparto la practica común de elevar todo asunto importante a ley y tampoco creo que el mercado funcione bien sin reglas.

El Estado a nivel local o nacional, es órgano regulador, a la vez es guardián del bien público y generador de políticas para proteger la dignidad de las personas, concepto regularmente usado por Bernardo Toro en sus charlas. El Estado es además promotor del concepto y prácticas de Responsabilidad Social; tiene también un potencial rol articulador de los actores para incentivar y generar diálogo para conseguir consensos de largo plazo, es como todos nosotros un consumidor, tal vez el más significativo, dado el gran volumen de compras y contrataciones públicas que realiza; y tiene el rol, casi deber, de ser ejemplo de Responsabilidad Social en sus organizaciones, empresas e instituciones.

El poder que tiene el Estado se lo da su sociedad civil, por tanto, y haciendo eco nuevamente a las afirmaciones de Bernardo Toro, la mejor forma como puede surgir lo publico es desde la sociedad civil. Es así que la sociedad civil aquí también tiene un papel específico que refuerza el accionar del Estado, que es motivar la generación de políticas que protejan el bien público, y también el control social. Hay que reconocer que muchos aspectos de la Responsabilidad Social están normados, legislados por cuerpos legales ecuatorianos y a través de convenios internacionales ratificados por el país, como es el caso de los derechos humanos, los derechos de la niñez y adolescencia, los derechos de los trabajadores, entre otros.

El Estado debe controlar efectivamente que las normas y convenios que ha generado o ratificado se cumplan. Esta debilidad hace que se piense en otro tipo de herramientas y acciones por parte de la sociedad civil y las empresas. Las herramientas de RS generadas y en construcción a nivel global, incluyen el completo respeto a la legislación nacional y la protección de los derechos humanos, no por considerar que son voluntarios, sino para generar compromiso de las organizaciones que internalizan en su operación la Responsabilidad Social. Inclusive el Pacto Global, con el afán de ser reiterativo y buscar más allá del cumplimiento de los derechos humanos, la posición activa para lograr que estos se protejan, da un nuevo enfoque al cumplimiento de los derechos.

Pese a lo anterior, y tanto a nivel nacional, como a nivel local, para aquellas situaciones que no pueden quedar en la voluntariedad y que tienen que ver con el bien público, debe generarse regulación, tal es el caso del impacto ambiental, o de la ley antimonopolio por citas dos ejemplos. Tanto el Estado a nivel central como a nivel local deben fomentar la RS, favoreciendo una mayor transparencia, favoreciendo las buenas práctica, buscando un mayor compromiso con esta cultura de responsabilidades y derechos en las relaciones de mercado.

Para que la sociedad en su conjunto asuma positivamente esta cultura es función del Estado que se generen opciones para este estilo de vida, y es también responsabilidad de la sociedad el exigir que así sea. Por ejemplo, los gobiernos locales, sean estos ciudades o provincias podrían tener una medición científica de la huella ecológica, lo cual ayudará a generar planes para reducir el impacto de la ciudad en el ambiente, y así tener metas sostenibles. Ello implicará tener planes y soluciones al transporte y la movilidad en la ciudad, acciones integrales para canalizar el reciclaje de los ciudadanos y el manejo de los desechos no reciclables. También incluiría planes integrales de protección de cuencas hidrográficas para asegurar el suministro de agua a futuro, el tratamiento de aguas residuales, la reducción del uso de energía, la generación de parámetros sobre planificación urbana acorde al desarrollo a largo plazo.

Como articulador de los actores, el Estado tiene el rol de generador de dialogo rompiendo las barreras entre empresas, lideres políticos, organizaciones de la sociedad civil y comunidad en general, para encontrar consensos sobre las estrategias a tomar para que sea posible el desarrollo sostenible. Su rol articulador es complejo, ya que implica fortalecer la comunicación para consensuar intereses individuales y buscar intereses colectivos, y definir políticas de largo plazo, que ayuden a los actores a que miren más allá de lo inmediato. Procurar el involucramiento de los actores para que aprendan a trabajar en conjunto implica gestionar un cambio positivo, otorgando la conciencia a cada persona y organización sobre el control de sus actos y su aporte al desarrollo.

El dinero que maneja el Estado, es de su sociedad, y por tanto debe ser usado de manera responsable, en medio de un proceso de transparencia, haciendo posible la rendición y petición de cuentas. El Estado como consumidor debería seleccionar a sus proveedores de acuerdo a las buenas prácticas de producción no solamente por el precio, promoviendo una competencia abierta, incorporando nuevos valores en su política de selección de proveedores como: preferir bienes locales ya que así su huella ecológica sería menor, procurar el acceso al mercado a pequeños productores, promover la asociatividad de pequeños empresarios, seleccionar en función a las prácticas justas y éticas en la cadena de producción de los proveedores incluidas las prácticas de post venta, respeto por la propiedad intelectual, compromiso de lucha contra la corrupción. El Estado, como uno de los consumidores principales, debería únicamente comprar y contratar los servicios y los productos beneficiosos para el medioambiente y la sociedad, aquellos productos y servicios seguros y confiables, energéticamente eficientes, que suministren la información adecuada y exacta a los beneficiarios finales y cuyas empresas productoras (grandes o chicas, corporaciones o empresas asociativas) sean transparentes y responsables a lo largo de toda su cadena de valor.

Como organización, el Estado con sus instituciones y representaciones a nivel local o nacional, deben ser ejemplo de oficinas responsables con sus grupos de interés: con sus trabajadores, con sus usuarios dándoles un excelente servicio (clientes), siendo buenos vecinos, protegiendo el medio ambiente, construyendo edificios ambientalmente amigables, protegiendo las áreas verdes, en general haciendo lo correcto.

El papel del Estado va más allá de la generación de leyes o ejercer el control para su cumplimiento, si es necesaria su participación para fijar las reglas necesarias pero tiene más funciones: el Estado es promotor de buenas prácticas en todos los sectores, de articulador de procesos generando dialogo con los actores, es tal vez el mayor consumidor y por tanto a través de sus políticas de proveedores y contratación pública es difusor y favorecedor de prácticas de Responsabilidad Social, y es quien debería hacer de sus instancias y oficinas, organizaciones que equilibren la rentabilidad social, la rentabilidad ambiental y el cumplimiento de las metas para las cuales fueron creadas.

Quiénes deben ser responsables?

Las organizaciones del Estado, de la Sociedad Civil y las Empresas Privadas tienen diferentes intereses y responsabilidades, pero en esencia buscan los mismos fines: un Desarrollo armónico, equitativo y sostenible. El desarrollo involucra a todos, éste no es posible si solo beneficia a unos dejando de lado a otros, debe beneficiar a todos. Para conseguir este desarrollo constante necesitamos unir al análisis y planificación de corto plazo una visión y una práctica que alcancen también el mediano y largo plazos.

Un desarrollo así, continuo y perdurable, no puede gestionarse aisladamente desde un solo sector. Los retos que el desarrollo genera deben ser necesariamente enfrentados y resueltos en conjunto por el Estado, la Sociedad Civil y la Empresa Privada, a través del actuar coherente y equilibrado entre la generación de rentabilidad financiera, rentabilidad social y preservación ambiental. El papel que cumple cada sector en el desarrollo sostenible es necesario e irremplazable, de ahí lo imprescindible del trabajo en asocio.

Así como cada persona tiene derechos y responsabilidades que ejercer y cumplir al vivir en sociedad, las organizaciones tienen derechos y responsabilidades al operar en un entorno en el que se desenvuelven, donde hay una estructura básica y regulaciones, donde viven sus clientes, sus colaboradores, autoridades y vecinos y un único mundo. Esta interrelación amerita la generación de una cultura de diálogo de la organización con todos estos grupos y actores, para asumir las consecuencias que cada acto y decisión produce. Esto es Responsabilidad Social (RS).

La responsabilidad social es posible de ser asumida por entidades del Estado, la Empresa Privada y las organizaciones de la Sociedad Civil. Es necesaria para promover una interrelación transparente, productiva y consistente, que armonice la generación de riqueza económica con la generación de riqueza social y la ambiental.